¡Mudan camiseta sudosa y son serviles del nuevo amo!


Guillermo Olivera DiazPor  Guillermo  Olivera  Diaz
godgod_1@hotmail.com

El inventario sería interminable, rayano con el imposible, pero voy a describir algunas aristas de aquellos que se llaman políticos, siendo en realidad signatarios de una política adjetivada de criminal. ¡El delito como destino de estos terrícolas, con traza de selenitas!

Existen prototipos llamativos, uno más que otro, pero todos urticantes por la servil metamorfosis que experimentan. Ejemplo, el congresista que carece de las 2 manos, sustituidas por prótesis costosa de metal, de apellido Galarreta, era del PPC, ahora enfila tras Keiko, a quien loa sin disimulo ni rubor, hasta risueño. Lourdes Alcorta sigue sus descarados pasos, quien con uñas y dientes atacaba al fujimorismo que ahora aplaude con la misma entereza. Ambos, al unísono con Juan Sheput, que se acomodó con el valetudinario PPK (77), cumplen roles despreciables en búsqueda de su curul, del sueldo y de la figuración, de cuyos objetivos no pueden zafarse, por vileza. ¡Les place zambullirse en el fango, como a la ex procuradora Yeni Vilcatoma!

Anel Townsend, cuidando la retaguardia de César Acuña, como otrora diferentes espaldas, va de tumbo en tumbo, sin pudor, tal como la piurana Marisol Espinoza, antes “nacionalista”. Hasta el sombrío militar, Daniel Mora, defensor a ultranza de Toledo, como Sheput, moldea su larvado silencio por el plagiario Acuña. Hace ver que todos son como su nuevo jefe, tan sinuosos como el serpentín de caño con herrumbre, poniendo a Alan García en primera línea.

Por estos despreciables seres, la Ley 30414, de 17-01-2016, que exige que la renuncia a un partido debe ser de un año atrás, para así postular al Congreso por un partido diferente, y encontrado al doblar la esquina, debe aplicarse a toda inscripción que se haga hasta el 10 de febrero que viene. No es una aplicación retroactiva, sino la exigencia de un nuevo requisito para inscribirse como candidato, como sería cambiar la edad del postulante. La ley puede válidamente

ordenar tales cambios.

San Borja, 31 de enero del 2016

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